En Grupo Cabanach, expertos en detección privada con amplia experiencia en bajas laborales sospechosas, entendemos la preocupación que estas situaciones generan en los empresarios. Es crucial actuar con prudencia y apego a la legalidad para salvaguardar los intereses de la empresa.
Ante una sospecha de baja laboral fraudulenta el primer paso consiste en recopilar toda la información disponible relacionada con la baja. A continuación, se debe realizar un análisis exhaustivo del parte médico, prestando especial atención a la duración estipulada y a cualquier otro dato que pueda arrojar luz sobre el caso. Es igualmente importante revisar la documentación médica proporcionada. Al mismo tiempo, se recomienda llevar a cabo una observación discreta del comportamiento del empleado, siempre dentro de los límites legales y éticos.
Y en el caso de que las sospechas persistan, proceder a un seguimiento profesional del empleado para verificar la información y obtener las pruebas necesarias para su imputación, sin vulnerar en ningún caso los derechos del mismo.
Un caso que lo dice todo:
Este artículo de ElDiario.es (https://www.eldiario.es/sevilla/detenido-mairena-aljarafe-empresario-vigilaba-gps-trabajador-baja-medica_1_10501889.html) relata cómo un empresario fue detenido por instalar un GPS en el vehículo de un trabajador de baja médica, violando su derecho a la intimidad. Este caso subraya la importancia de actuar dentro del marco legal.
“La investigación laboral no es solo un servicio, es una inversión en la seguridad de tu empresa. Nuestros expertos en investigación te ayudarán a identificar y resolver cualquier problema que pueda estar afectando a tu negocio. Con un enfoque personalizado y adaptado a tus necesidades, te garantizamos resultados eficaces y confidenciales. No permitas que las dudas te paralicen. Actúa ahora.”
Al contratar a un detective privado, es fundamental conocer tus derechos y obligaciones y asegurarte de que el profesional cuenta con la autorización correspondiente, la ley española regula de manera estricta la actividad de los detectives privados, garantizando que sus servicios se presten de forma legal y ética.