A pesar de ser una profesión de las más reguladas y que para ejercerla se requiere de una serie de requisitos y el cumplimiento de un estricto código deontológico, el intrusismo profesional está a la orden del día, provocando una serie de problemas tanto a los detectives privados legítimos como a sus clientes.
El intrusismo es el ejercicio de una profesión sin poseer la titulación, la habilitación necesaria o sin estar dado de alta en los organismos correspondientes. Se trata de una conducta ilegal que está tipificada como delito en el artículo 403 del Código Penal y que puede acarrear multas e incluso penas de prisión.
La competencia desleal de los intrusos, ofreciendo precios más bajos, tiene una exposición más directa a que estos últimos sean víctimas de estafas y a que el trabajo realizado no tenga valor probatorio ante los tribunales, al no haber sido realizado por detectives privados habilitados. Por no hablar de la posible vulneración de los derechos fundamentales de las personas investigadas como el derecho a la intimidad, el honor o a la propia imagen.
Para evitar todo lo anterior citado es importante que el cliente se informe adecuadamente y solicite toda aquella documentación que le asegure que está en manos de un verdadero profesional y no siendo objeto de una estafa. Pedir su documentación profesional, el contrato de servicios, una factura, etc., puede ser, por ejemplo, un dato clarificador de que cumple con sus obligaciones fiscales y no son meros timadores.
Basta decir que si somos objeto de este tipo de delito hay que denunciar a las autoridades competentes para así erradicar esta práctica ilegal y perjudicial. Hay veces que una mala decisión acarrea grandes consecuencias. No hay falta de buenos profesionales de la seguridad, lo que hay que asegurarse es que realmente lo son.