Cuando una pareja decide separarse, uno de los temas más complejos y dolorosos es la custodia de los hijos. En el 80% de los casos el juez concede la custodia a uno de los padres, frente al 20% que otorga la custodia compartida. En cualquier caso, pueden surgir conflictos con esta decisión y que alguno de los progenitores decida acudir a un detective privado para recurrir la sentencia.
Cuando surge el conflicto suele ser porque alguno de los padres descubre que la estancia del menor con el otro progenitor no está siendo favorable para su hijo, ya sea con custodia compartida o monoparental, y quiere solicitar una revisión del convenio para mejorar el bienestar del menor.
Desgraciadamente, no solo puede solicitarse la modificación de la custodia por una infracción del acuerdo establecido, como pueden ser los horarios de visita. En ocasiones la expareja puede tener sospechas de que el adulto que está a cargo del menor no le presta la suficiente atención o incluso le pone en peligro (indicios de maltrato, consumo de drogas, problemas mentales…).
Para la revisión de la custodia en estos casos es necesario contar con pruebas que demuestren aquello que se quiere demostrar. Para ello, la mejor opción es recurrir a un detective privado especializado en temas familiares como los de Detectives Cabanach.
Las pruebas que se presentan deben tener validez jurídica. Es decir, deberán haber sido tomadas de forma legítima y avaladas con documentos gráficos. Este tipo de investigaciones de la vida privada únicamente pueden realizarlas detectives privados legalmente habilitados y en posesión de la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP).
El informe del detective privado puede resultar concluyente a la hora de demostrar la negligencia en el cuidado del menor del progenitor que tenga la custodia o el incumplimiento del acuerdo. Esto puede derivar en una modificación en el régimen de visitas o incluso en un cambio de la custodia, siempre buscando el beneficio del menor.
En cualquier caso, siempre será necesario contar con un informe de un detective privado que demuestre que hay razones de peso para realizar cualquier modificación en la custodia de un menor.
