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La Policía Nacional ha detenido en Quart de Poblet a seis hombres, de entre 23 y 50 años de edad, por sustraer gran cantidad de los palets que transportaban en camiones para venderlos posteriormente y quedarse el dinero. La operación ha permitido intervenir casi 3.000 palets y se estima que el perjuicio ocasionado a una de las empresas afectadas es de unos 30.000 euros.

Las investigaciones de una empresa de detectives privados ha sido clave para resolver el caso. Los compradores de los palets, a su vez, los vendían a otras empresas dedicadas al triturado de productos plásticos, por lo que se eliminaba la prueba del comercio ilícito. Una vez localizados a los transportistas y los responsables de las empresas receptoras de los palets, la Policía Nacional detuvo a seis personas como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio y registró varias empresas en Quart de Poblet, Manises y Catarroja, en las que intervinieron 1.565 euros y 2.900 palets de madera y plástico.

Los números son contundentes. El pasado año se registraron cuatro infracciones de seguridad de las calificadas como muy graves en los estadios españoles. Muy lejos de las 150 que se produjeron en la temporada 2014/15, según refleja la Memoria de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. En esa categoría entra lo peor que puede ocurrir en un recinto: actos violentos con muertos o heridos, lanzamiento de bengalas con daños personales, violar la prohibición de acceso a los campos… También se han conseguido frenar las peleas entre grupos violentos o agresiones de estos a otros aficionados. Si en la 2015/16 se registraron 30 de estos incidentes en LaLiga Santander, LaLiga 1|2|3 y Copa del Rey, el año pasado esta cifra se redujo a 17, prácticamente la mitad.

El cambio ha sido radical y ha ocurrido en apenas cuatro años. Los estadios de fútbol se han convertido en zonas más seguras gracias especialmente a las medidas impulsadas por los legisladores y LaLiga. Hay un control más estricto de los violentos, todos los clubes cuentan de forma obligatoria con un director de seguridad, la tecnología de la seguridad se ha sofisticado y la vigilancia y denuncias han aumentado.

Cada club tiene un director de seguridad, que además ha de ser la misma persona durante toda la temporada, salvo casos excepcionales. Estos responsables están obligados a comunicarse entre sí antes del partido de sus equipos para intercambiar información. Además, son los responsables de establecer los dispositivos de seguridad privada para cada choque en contacto permanente con la otra figura clave: el coordinador de seguridad, que es el mando policial al mando en cada evento.

“Lo habitual es que haya dos comunicaciones formales para cada partido, que se producen por vía telefónica y escrita, y otras muchas informales según se aproxima el encuentro”, desarrolla Fernando Bernal. El club visitante entrega al local unos formularios en los que se indica cuántas entradas se han vendido de las que han sido puestas a disposición de la afición foránea, cómo van a viajar y hospedarse el equipo y sus fans y, si se da el caso, qué grupos pueden suponer una amenaza. Esa información se suma al resto de cálculos (importancia del partido, rivalidad entre los equipos, previsión de afluencia al campo…) para evaluar el nivel de riesgo del partido, y a partir de ahí, el modelo de dispositivo de seguridad que establecerán las autoridades policiales y el club.

“En el caso del Sánchez Pizjuán [un estadio de casi 45.000 espectadores que casi siempre se acerca al lleno], solemos contar con 240 vigilantes de seguridad privada apoyados por 110 auxiliares de seguridad en un partido de riesgo normal”. Antes, la comunicación no estaba regulada. Los directores de seguridad de los clubes, si existían, no tenían por qué conocerse unos a otros. Ahora incluso se convocan reuniones periódicas entre ellos y las fuerzas policiales para mejorar los protocolos.

Una camarera de pisos de un hotel palmesano simuló una baja médica para poder acudir a un oficio religioso, conducta que originó su despido disciplinario por la empresa, una medida ahora ratificada en una sentencia por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

Según los hechos probados, la trabajadora, de nacionalidad extranjera y con una antigüedad de diez años, pidió a sus jefes un día libre para poder acudir a una celebración religiosa el 13 de noviembre del 2016. La gobernanta y el jefe de recursos humanos del hotel le denegaron el permiso, por necesidades de trabajo.

La sentencia afirma que la camarera replicó que, pese a la negativa, igualmente iría al oficio relgioso y que luego le descontaran un día de trabajo. El día 11 de noviembre la empleada presentó una baja médica por gastroenteritis, incapacidad en la que estuvo hasta el día 15. El hotel la despidió el día 24 por dos faltas muy graves.

La empresa sospechó de la baja y contrató un detective privado para vigilar a la camarera. Este investigador constató que el día 13 la supuesta enferma acudió a un templo, donde permaneció ocho horas. La mujer llevaba bolsas y, según el detective, no daba muestras de sentirse enferma.

La camarera recurrió el despido y un juzgado de lo social de Palma le dio razón y condenó al hotel a readmitirla y pagarle los salarios de tramitación, sentencia que ha revocado ahora el TSJB.

Según el Alto Tribunal, la demandante simuló la enfermedad para acudir a la ceremonia religiosa y su médico de cabecera le dio la baja porque se fió de los síntomas que ella afirmó padecer y porque la Seguridad Social en los centros de asistencia primaria no dispone de otros medios para corroborar un diagnóstico de gastroenteritis.

La sentencia afirma que se produce un elevado fraude a la Seguridad Social en las bajas de corta duración, abusos que perjudican al Estado y a las empresas. Esos fondos podrían dedicarse «a situaciones de verdadera necesidad»
«Lo que justifica el despido es el uso fraudulento de los medios que el sistema pone a disposición de los trabajadores para atender las necesidades de salud con la finalidad de anular el poder de organización y dirección del empresario», concluye el fallo.

En una primera fase, el equipo encargado de investigar la piratería cruza todas las bases de datos que puede (Google Maps, Páginas Blancas y otras bases de datos que se pueden comprar) para localizar dónde están los bares de toda España. Trabajan con una tesis abrumadora: de 120.000 locales de este tipo que hay en todo el país, al menos 60.000 usan irregular o ilegalmente las emisiones deportivas para atraer clientela. «Aplicamos la inteligencia de negocio y el big data para optimizar la información», explican desde LaLiga.

Es entonces cuando el sistema de espionaje a través del teléfono móvil de los usuarios de su app debería entrar en juego. » El micrófono captará fragmentos de audio con el único objeto de poder conocer si estás viendo partidos de fútbol» y «detectar fraudes», admitió La Liga a eldiario.es el pasado mes de junio. La aplicación acumula más de 10 millones de descargas en España. La Agencia de Protección de Datos anunció que estudiaría el caso ya que LaLiga hace algo que no es equivalente a otros usos del micrófono en la mayoría de las app: el micrófono se activa remotamente para hacer un análisis de lo que ocurre alrededor del teléfono, con lo que el mecanismo registra afectar a otras personas más allá del usuario que ha dado su consentimiento.

Cuando los bares más sospechosos están localizados, es el momento de los infiltrados, los hombres de negro de LaLiga que se camuflan entre los clientes para detectar si el fútbol que ponen en la tele cumple con los requisitos. Hasta 100 personas dedican sus ocho horas de jornada laboral de sus 22 días hábiles al mes para peinar miles de bares por toda España a la caza del fútbol pirata. Solo esta temporada, estas personas han realzado «más de 20.000 visitas a establecimientos públicos, detectándose más de 9.000 emisiones fraudulentas», según La Liga.

A veces, detectar la emisión irregular es fácil. Si en la pantalla es visible el logo del canal que emite el fútbol (GolTV, BeinSports, Movistar, etc.) ya es indicativo de una irregularidad. En las emisiones para establecimientos públicos (que pagan una tarifa diferente a los canales de televisión que tienen los derechos) se incluye un logo diferente en la pantalla: el de LaLiga.

A estos casos en los que simplemente el dueño del bar está pagando la tarifa para domicilio -más barata- en vez de la tarifa para negocios, LaLiga los clasifica como «irregulares». Según fuentes oficiales de LaLiga, ninguno de los establecimientos denunciados que han sido registrados o sancionados por la Policía esta semana entra dentro de este tipo de irregularidades, ya que por ahora están «dándole la oportunidad de regularizarse y adoptar la tarifa adecuada para poder seguir poniendo fútbol a sus clientes».

Desde Grupo Cabanach queremos destacar lo positivo que es la labor que realizan en Baleares por y para la sociedad los guardia civiles del Seprona con su responsable, el Teniente Pedro García Guzmán, liderando sus actuaciones. Nuestra felicitación y apoyo a esta unidad especializada.

¿El Seprona actúa? ¿Cómo lo hacen?

Cuando observamos un vertido, realizamos un informe y dependiendo de si es delito o infracción, remitimos al Juzgado o al autoridad administrativa competente.

¿Y hay de ésto ahora?

Hace unas semanas, se daba a conocer la Operación 30 días en el Mar de la Guardia Civil en diferentes puntos de la costa española. ¿Aquí en Baleares también se ha hecho algo?

Sí, hemos hecho inspecciones y comprobaciones. No obstante, en este sentido la época más fuerte es en verano, ahora no tenemos tanta problemática salvo que haya un gran temporal.

No, no hemos detectado un gran pico porque durante la crisis hubo mucha picaresca: obras sin licencia, sin comunicación, en negro… sin gestión de los residuos. Si no había dinero apenas, menos para ésto. Ahora, el problema continúa pero también nos encontramos con empresas y particulares que quieren hacerlo bien pero la persona o responsable hace un vertido ilegal o no lo trata bien para ahorrarse costes o directamente, quedarse con el dinero que ha cobrado.

¿Cifras de este año?

No tengo datos concretos pero la sensación es que son similares a años anteriores. Normalmente, los encontramos en sitios poco transitados: al lado de caminos, fincas sin vallar… Y todo ello produce un efecto llamada importante.

Hablamos, fundamentalmente, de material de obra.

Sí, construcción y demolición aunque siempre hay otros elementos, como electrodomésticos, muebles…

¿Tienen detectados grupos que se dediquen a ésto?

Hay personas que se dedican a ésto y está por ver si están organizados o no.

¿Hay municipios más afectados por esta lacra?

Por estadística, en los grandes hay más puntos conflictivos pero la verdad es que no se libra ningún municipio. Se da por todo.

Cambiamos de tema a los incendios. Este año cerrará con el dato más bajo de los últimos años. ¿A qué lo atribuye?

Desde que se detuvo al incendiario en Menorca, la tendencia siempre ha ido a la baja, menos en 2013, que despuntó por el incendio de Andratx. Este año, llas condiciones meteorológicas han sido determinantes, además de la destacable labor que realizan los servicios de vigilancia y extinción.

¿La gestión forestal ha mejorado, pues?

La gestión como tal no lo sé, no entro, pero la prevención y extinción sí, yo diría que es muy buena. Nosotros, en época alta activamos una campaña especial para prevenirlos y vigilar. El año pasado detuvimos un incendiario en Ibiza.

Ustedes también participaron en las labores de Sant Llorenç. Desde su punto de vista, ¿hay algo que hacer para evitar que se repita?

Nosotros nos limitamos a vigilar las construcciones que se levantan en zonas de riesgo pero es una labor que se viene haciendo de siempre, no solo en Sant Llorenç. Se pone en conocimiento de la autoridad administrativa y si es delito, al Juzgado.

Puede haber esa infracción u otras, no le puedo decir si concretamente en Sant Llorenç o en otra zona, pero siempre se han intentado controlar.

¿Hay más maltrato animal que antes? ¿El mismo pero diferente? ¿Ha bajado?

Yo diría que se mantiene y lo que más nos encontramos son abandonos: no tener al animal en condiciones higiénicas adecuadas, falta de alimentación, de cuidados…

Es un caso muy difícil porque se halló a la perra en un contenedor, sin más. Tuvimos que tirar de indicios y junto a la colaboración ciudadana y algunas técnicas innovadoras aquí en Baleares -análisis de ADN- pudimos detener al que creemos que es el autor. Pero muchas otras veces, no hay nada y nadie ha visto nada.

Entiendo que es frustrante para ustedes pero a veces, hay quejas de dejación de funciones por parte de los cuerpos de Seguridad: ustedes, policías locales…

Yo le hablo del Seprona que es lo que conozco: nosotros siempre actuamos y lo intentamos hacer lo mejor posible. Pero hay que tener siempre en cuenta que nosotros estamos sujetos a la ley y muchas veces, lo que dice ésta sobre las condiciones en las que debe estar un animal y lo que a nosotros nos gustaría, no coincide, y no podemos hacer nada por mucho que queramos. Eso sí, ya le digo que si el animal no está bien, se actúa siempre. A veces retirándolo y otras veces no.

¿Notan, al menos, que cambia la sensibilidad?

Sí, la gente está cada vez más concienciada con el bienestar animal pero a veces da la sensación de que hay más maltrato del que realmente es. Las redes sociales lo expanden rápidamente y a veces, lo desvirtúan. Hay casos de denuncias a ciertas personas por maltrato cuando en realidad, lo que tiene ese animal es una enfermedad. El propietario le da el tratamiento adecuado y quiere que su animal esté con él y no sacrificarlo… Pero la apariencia es la que es y saltan las alarmas. Hablamos, por ejemplo, de la Leishmaniosis o de un tumor en la garganta que impide al animal comer. También está la cuestión de la edad que, por ejemplo, en los caballos produce un deterioro muy evidente. Hay un caso llamativo que se difundió por redes generando todo tipo de comentarios: una persona que ató a su perro al coche, no se dio cuenta y lo puso en marcha. Pues bien, nosotros concluimos que se trató de un caso una imprudencia grave. Ahora el Juzgado decidirá.

Nosotros pensamos que no miente, que fue una imprudencia involuntaria.

Natura Parc: Fundación más que cuestionada por los animalistas pero que sigue con el apoyo de los municipios, visto los convenios que mantiene. ¿Tiene algo que opinar?

Creo que hacen una buena labor en la recogida de animales vagabundos y abandonados, y con nosotros colabora bien haciéndose cargo de animales intervenidos en grandes operaciones.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación por la falsa alarma que ha obligado a desalojar durante dos horas las estaciones de AVE de Sants en Barcelona y Atocha en Madrid. La policía catalana investiga en concreto por qué la seguridad privada de la estación de Sants, que gestiona la empresa Prosegur, dejó subir al tren a la pasajera pese a haber observado por el escáner que en la maleta llevaba un objeto en forma de granada, que no ha resultado ser peligroso sino tan solo una hebilla de cinturón.

En rueda de prensa, el comisario de los Mossos Joan Carles Molinero ha tildado el episodio de esta mañana como una «disfunción de los protocolos» que el gestor ferroviario Adif, responsable de la seguridad privada de la estación, mantiene con la policía. El motivo es que los vigilantes, pese a avisar a los Mossos, no han impedido a la pasajera acceder a las vías, por lo que no se ha registrado a la pasajera justo después de pasar el escáner en Barcelona, como marcan los protocolos, sino una vez ya había llegado a Madrid.

Por su lado, el gestor ferroviario Adif también ha abierto una investigación interna para aclarar posibles fallos en el control de acceso a los trenes de alta velocidad de Sants. La investigación se llevará a cabo en colaboración con la empresa Prosegur, que es la encargada de la seguridad privada que controla los accesos a los trenes del AVE en la estación de Barcelona-Sants.

El importe recaudado en 2017 por sanciones impuestas por la Unidad Central de Seguridad Privada a causa de infracciones a la normativa ascendió a 4.251.593,26 euros, lo que supone un descenso del 13,2% respecto a un año antes. En ese ejercicio, la cantidad económica cobrada por este concepto triplicó los 1.642.217,29 euros de 2015.

Según la estadística del Ministerio del Interior, el pasado año se registraron 1.418 propuestas de sanción, apenas 15 más que en 2016, y un total de 944 resoluciones, 225 menos que en ese mismo periodo. Los expedientes por infracciones muy graves fueron 213, 127 menos que el año anterior, por infracciones graves 391 frente a las 515 de 2016, y por infracciones leves se abrieron 520 procedimientos, 28 menos que 12 meses antes.

El número de informes recogidos por el artículo 159 del Reglamento de Seguridad Privada fueron 85, cuando en 2016 fueron 191 y en 2015 la cifra se quedó en 169.

Llegamos al final de una nueva temporada. Desde Grupo Cabanach queremos agradecer la confianza que han depositado en nosotros todos nuestros clientes, desde Hoteles a Clubs Náuticos pasando por locales de ocio o piscinas municipales… a todos muchas gracias por seguir confiando su seguridad en nosotros.

También queremos agradecer a los más de 200 profesionales (socorristas, vigilantes de seguridad o auxiliares) que han cubierto este verano las peticiones que han realizado nuestros clientes. Gracias por vuestro esfuerzo!

Nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros!

El edificio de Gesa estará más protegido en breve para impedir la entrada de okupas, grafiteros y cualquier otra persona que pueda producir daños al inmueble de la fachada marítima o sufrir algún percance. Un grupo de técnicos subcontratados por la compañía eléctrica Endesa visitó ayer las instalaciones «para determinar las medidas de seguridad que se van a adoptar», unas actuaciones que consistirán en «cerrar todos los accesos y ventanas» con el fin de «maximizar la seguridad», tal como explicaron desde la actual propiedad.

Dicha protección también se centrará en el interior del edificio diseñado por el arquitecto Josep Ferragut con el objetivo de evitar que quienes accedan por algún motivo, como un recorrido a las instalaciones, puedan tener un accidente, según añadieron.

El inmueble catalogado por su valor arquitectónico lleva más de una década cerrado a cal y canto, y durante todos estos años se han producido actos vandálicos con frecuencia, como por ejemplo numerosas roturas de cristales de los característicos ventanales, así como grafitis en el interior, el exterior y la azotea. A menudo, grupos de adolescentes y jóvenes accedían al recinto colándose por los huecos para hacer botellón u otras prácticas de ocio, un hecho que provocó un incendio hace dos años y que fuese encontrado el cadáver de una persona hace más de una década.

El pasado junio, el equipo de gobierno del Pacto en Cort tuvo que entregar las llaves del edificio de Gesa a la compañía eléctrica Endesa debido a una sentencia judicial del Tribunal Superior que hizo perder al Ayuntamiento la propiedad del inmueble.

Domingo 7 de octubre en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Albert Rivera, líder del partido de Ciudadanos, acompañado por sus escoltas de la Policía Nacional se dirige a coger un avión con destino a Madrid. Una vez pasado el arco de seguridad, el azar quiso que le tocara someterse al control aleatorio de la “prueba de trazas”, aquel que detecta si en el equipaje de los viajeros hay algún elemento no permitido.

En aquel justo momento, los miembros de seguridad de Rivera se negaron a que el político pasara por estas pruebas que buscan en la maleta cualquier tipo de material explosivo.

Uno de los escoltas de Rivera les dijo a los vigilantes del aeropuerto que era agente de la Policía Nacional y que ya se hacía cargo de la situación. A lo que los trabajadores respondieron que si no se realizaba la comprobación, debían proceder a identificar al agente con su número de placa tal y como dicta el protocolo de actuación en estos casos.

La Policía Nacional ha denunciado a los vigilantes del aeropuerto por haber “interferido en un operativo”

A continuación, se produjo un altercado entre el personal y los escoltas de Rivera. Esta disputa ha sido objeto de una denuncia por parte de la Alternativa Sindical. Y, cuando parecía que todo había acabado, ya que Rivera se encontraba en el avión, los escoltas volvieron al lugar de los hechos y uno de ellos increpó a los vigilantes asegurando que “habían interferido en un operativo”. Según Catalunyapress, que ha dado esta noticia, el policía llegó a exclamar: “La próxima vez te pongo las esposas”.

Trablisa es la empresa responsable de la seguridad privada del aeropuerto de El Prat y actúa bajo la supervisión de la Guardia Civil. El enlace finalmente se ha traducido en una denuncia por parte de la Policía Nacional a los trabajadores, que están citados en comisaría el próximo 25 de octubre a las 9.30.

Desde Grupo Cabanach pensamos que debería existir cordialidad y colaboración entre seguridad pública y privada.  La privada está subordinada a la pública pero las formas en la comunicación a veces se pierden.